Durante 16 años, una familia ha ejercido un poder político en Barrancabermeja, utilizando su posición para obtener contratos, manipular elecciones y controlar la esfera pública a su antojo. Su líder, Erwin Jiménez Becerra, ha sido un influyente vecino en el poder santandereano, poseyendo una costosa propiedad en Ruitoque Condominio. Sin embargo, su carrera política ha estado manchada por malversación de fondos, lo que lo convirtió en el primer concejal inhabilitado en la historia de la ciudad. Desde entonces, más de 17 políticos han enfrentado problemas similares ante el Consejo de Estado. Este clan político también incluye a las hermanas de Erwin Jiménez. Elaine Jiménez, exconcejal, prometía juventud y renovación, pero también terminó siendo inhabilitada. Diana Jiménez, la actual concejal, parece ser la última esperanza del clan para asegurar un puesto en la asamblea departamental de Santander; sin embargo, su trayectoria polémica y controvertida ha generado dudas sobre su idoneidad.
Es importante destacar que el apoyo del jefe del clan, Erwin Jiménez, no se limita a su familia. Otros actores políticos, incluso desde el nivel local, reciben su respaldo y se cree que manipula información a través de ciertos medios de comunicación locales. Su presencia en las sesiones del concejo es omnipresente, dirigiendo y organizando cada palabra pronunciada por sus aliados e incluso influyendo en las votaciones. Esto representa una amenaza para la democracia de Barrancabermeja.
Durante el período de gobierno 2020-2023, hubo un constante cambio de curules debido a las inhabilidades de los protagonistas, quienes parecían no comprender las leyes y cometer errores repetidamente. Además, el líder del clan político actuó como asesor del alcalde Alfonso Eljach, y cuatro concejales inhabilitados ocuparon puestos como secretarios en diversas dependencias de la ciudad.
Aunque los miembros de este clan político aspiran a continuar ocupando cargos públicos, como ediles, concejales e incluso diputados, sus carreras políticas se encuentran amenazadas por procesos, denuncias e investigaciones en el Tribunal Administrativo del departamento. Esta situación no solo pone en riesgo sus trayectorias individuales, sino también obstaculiza el progreso de la ciudad.
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